El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve "serias dudas de encaje constitucional" en la intervención e las comunicaciones sin autorización judicial previa que plantea la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre. Ha convocado un Pleno Extraordinario el próximo 12 de enero para discutir la redacción final del dictamen.
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