A principios del mes de Diciembre se hacía público el ?Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas?, y se conocía que contempla modificaciones relativas a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. La alarma saltaba por cuanto se preveía la posibilidad de realizar interceptaciones sin autorización judicial previa, ordenadas por el Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad, para una serie supuestos nuevos, diferentes a los que hasta ahora preveía la norma.
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